Me llamo Mateo. El estómago me rugía de hambre mientras firmaba mi entrada. Habían pasado cuatro largos meses desde que esa universidad pública me contrató como profesor. Cuatro meses sin ver un solo peso de mi sueldo.

Las suelas de mis zapatos ya estaban lisas de tanto caminar hacia los foros y conferencias extracurriculares que yo mismo organizaba gratis, fuera de mi horario. Mi ropa me quedaba grande. La promesa de que me darían mis prestaciones de ley y mi plaza base era mi único ancla para no volverme loco.

“Ya mero sale tu pago, Mateo, aguanta”, me decía la subdirectora académica. Yo me tragaba el nudo en la garganta y la desesperación de no tener ni para el pesero. Al final de ese semestre, simplemente me echaron, pagándome atrasado y sin ninguna maldita prestación. Me tragué el coraje; no tenía experiencia ni dinero para pagarle a un abogado que me ayudara a demandar.

Años después, un frío me recorrió la espalda cuando un familiar mío, que acababa de entrar a trabajar a esa misma escuela, me citó de urgencia. Su mano temblaba un poco al empujar su celular sobre la mesa de lámina de la taquería.

“Lee esto, güey”, murmuró, mirando a todos lados.

Eran capturas de WhatsApp del mismísimo director del plantel. Mis ojos leían, pero mi cerebro no quería entender. Me tachaban de ser un c*lero conflictivo y de no cumplir con mis clases. Y lo peor: se habían encargado de reportarme con otros planteles para que nadie me diera chamba.

Mi respiración se agitó. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Por eso las otras escuelas me cancelaban las entrevistas de la noche a la mañana. Por exigir el sueldo que me gané con hambre, me habían condenado a no encontrar trabajo.

Los tres directivos seguían ahí, sentados en sus cómodas sillas, destruyendo vidas.

Esa noche no pude dormir. La imagen de las capturas de pantalla en el celular de mi primo se repetía en mi cabeza como un disco rayado. “C*lero conflictivo”. “No cumple”. “Ya hablé a los otros planteles para que le cierren las puertas”. Las palabras del director me quemaban la sangre. Me levanté de la cama de madrugada, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando a la nada en la oscuridad. Recordé el hambre. Recordé la humillación de tener que caminar kilómetros bajo el sol de la Ciudad de México porque no traía ni cinco pesos para el camión. Y todo por culpa de esos tres.

Por cosas del destino, los tres directivos involucrados (el director, la subdirectora académica y la subdirectora administrativa) continuaban laborando en la institución. Seguían ahí, cobrando sus jugosos sueldos, sentados en sus oficinas con aire acondicionado, sintiéndose intocables. Se sentían dueños del destino de los demás. Pero cometieron un error gravísimo: me subestimaron. Pensaron que yo seguiría siendo ese muchacho asustado, recién egresado, que agachaba la cabeza y daba las gracias por las migajas.

No sabían que el tiempo había pasado. En la actualidad, soy una persona diferente y me caracteriza que cuando muerdo, no suelto. La abogacía te enseña muchas cosas, pero sobre todo te enseña a canalizar el coraje. Te enseña que la verdadera venganza no se hace a gritos, se hace en papel, con sellos, con jurisprudencias y con una paciencia fría y calculadora. Así que decidí emprender mi venganza.

Primero, calenté motores. Necesitaba darles un aviso, un golpe a la puerta para que supieran que el fantasma de aquel maestro explotado había regresado. Demandé el reconocimiento de mi antigüedad. Era lo justo. Exigí formalmente ante los tribunales que se pagaran al ISSSTE y al FOVISSSTE todas y cada una de las aportaciones que no se cubrieron en su tiempo, y que se contara ese periodo para efectos de mi jubilación. Fue un movimiento técnico, preciso. Cuando presenté la demanda, sentí una satisfacción inmensa al escuchar el golpe del sello oficial sobre la hoja. Era el primer clavo en su ataúd administrativo.

Pero un abogado sabe que el litigio no solo se gana en los juzgados, se gana en la percepción. Quería que mi nombre resonara en los pasillos que me vieron pasar hambre. Quería que los alumnos supieran la clase de personas que dirigían su escuela. Eso me permitió entrar en contacto con la comunidad escolar. Publiqué en mis redes sociales cómo iba esa demanda, detallando el abuso, sin tapujos, y también compartí artículos sobre un tema que sabía que iba a encender la pradera: la gratuidad de la educación.

El internet es un arma de doble filo, pero esta vez estaba de mi lado. Mi publicación empezó a compartirse. Los likes, los comentarios y los mensajes directos no tardaron en llegar. Algunos alumnos, chicos que probablemente estaban pasando por las mismas carencias que yo sufrí, me contactaron por privado para preguntarme si era cierto lo que yo publicaba sobre las colegiaturas y sus derechos.

“¿Es neta, licenciado? ¿Nos están cobrando a lo güey?”, me preguntó un chavo de séptimo semestre en un mensaje de voz que sonaba lleno de frustración.

Les dije que sí. Les expliqué que la educación pública en nuestro país tiene garantías constitucionales que esos directivos estaban pisoteando para mantener sus arcas llenas. Esa escuela cobra 8000 pesos cada semestre. Ocho mil pesos en México, para un estudiante de escuela pública, es una fortuna. Es dejar de comer, es endeudar a los papás, es trabajar dobles turnos en la maquila o en los tacos. Era un robo descarado.

Al escuchar sus historias, mi coraje inicial se transformó en un propósito mayor. Ya no era solo por mí. Así que decidí llevar varios amparos para evitar que les pudieran cobrar sus colegiaturas. Les pedí que confiaran en mí, que yo me iba a encargar de todo. No les cobré ni un peso por llevarles el asunto. Mi pago iba a ser ver la cara de los directivos cuando el sistema financiero de su pequeña mafia colapsara.

Presenté la primera tanda de amparos. Fueron resoluciones rápidas y fulminantes. Con la docena de alumnos que amparé en la primera tanda, perdieron casi 100 mil pesos al inicio. Cien mil pesos que ya no entraron a sus cuentas, cien mil pesos que desajustaron sus presupuestos y sus transas. Me enteré por mi primo que en las oficinas administrativas hubo gritos. La subdirectora administrativa no sabía de dónde sacar el dinero para cubrir los huecos.

Pero eso era solo el calentamiento. Aunque lo grave vino después, porque para el restablecimiento pleno del goce del derecho humano vulnerado, la ley es clara: se deben devolver las cantidades ilegalmente cobradas. No bastaba con que no pagaran el semestre en curso; la universidad tenía que vomitar todo el dinero que les había quitado en el pasado.

La mayoría de los alumnos que se acercaron a mí eran de los últimos semestres. Eran chavos que ya habían soltado miles de pesos a lo largo de su carrera. Así que, por orden de un juez federal, les tuvieron que devolver las inscripciones de seis o siete semestres. Estamos hablando de entre 48 mil y 56 mil pesos a cada uno de esos muchachos.

Cuando el primer alumno recibió su cheque de devolución, me llamó llorando. Con ese dinero iba a poder pagar la hipoteca atrasada de su mamá. Ese fue el momento en que supe que estaba haciendo exactamente lo correcto.

En total, a lo largo de ese primer año de guerra legal, la universidad tuvo que erogar aproximadamente unos 750 mil pesos. Para una universidad pública pequeña, esa cantidad es una brutalidad. Los puso en una situación financiera muy complicada. Tuvieron que recortar gastos, cancelar eventos, justificar auditorías y sudar frío en cada cierre de mes. La “caja chica” de los directivos se había esfumado. Y yo apenas estaba empezando.

Durante los últimos dos o tres años he estado amparando aproximadamente a unos diez alumnos cada semestre. Se convirtió en un ritual. Una sangría constante y calculada. En este punto ya es muy fácil: solo cambio el nombre, porque los precedentes son muchos y los jueces ya conocen el criterio. Me toma muy poco tiempo hacerlo y, en la actualidad, el daño a sus finanzas ya se contabiliza en varios millones de pesos. Millones. Cada peso de esos millones es un recordatorio de aquellos cuatro meses en los que me dejaron sin comer.

El agua les llegó al cuello. La presión del nivel central sobre ellos era insostenible. Las finanzas estaban destrozadas y el prestigio de la administración estaba por los suelos. Fue entonces cuando pasó lo inevitable: se quebraron.

Recibí un citatorio formal. Querían negociar. Me llamaron para conciliar al saber que yo representaba a todos los alumnos amparados. Me puse mi mejor traje, me anudé la corbata con una calma sepulcral y caminé por los mismos pasillos que años atrás había recorrido con los zapatos rotos y el estómago vacío.

Entré a la sala de juntas. Ahí estaban. El director, con más canas y los ojos inyectados de estrés; la subdirectora académica, sin su sonrisa condescendiente; y la subdirectora administrativa, con una carpeta de números rojos temblando en sus manos. También había un representante de la administración central.

“Licenciado Mateo…”, empezó el director, intentando sonar conciliador, pero con la voz rota. “Esto ya se salió de control. La institución está sufriendo. Queremos llegar a un arreglo. Usted ha sido muy conflictivo con estos amparos…”

No lo dejé terminar. Me apoyé sobre la mesa de caoba, los miré a los ojos, uno por uno, saboreando el terror en sus pupilas. No puedo describir con palabras, de manera precisa, lo tremendamente gratificante que es verlos a la cara en ese estado de indefensión.

“Ustedes no saben lo que es ser conflictivo”, les dije con una voz tan fría que congeló la sala. Poder decirles de frente: “Esto sí es ser conflictivo, y esto no se detiene hasta que ustedes tres se vayan, así como me fui yo”.

El silencio fue absoluto. No pedí dinero, no pedí disculpas, no pedí un puesto. Pedí sus cabezas. Les dejé claro que mi maquinaria legal no iba a frenar, que iba a seguir drenando a la universidad hasta la quiebra absoluta si no los removían de sus cargos inmediatamente.

El representante de nivel central tragó saliva y asintió lentamente. Él sabía que yo no estaba blofeando.

Al parecer, por lo que hablé en esa última reunión con la persona de nivel central, mi ultimátum funcionó. Uno de ellos, el director, aceptó jubilarse, derrotado y humillado, y en cualquier momento entra su permiso. Los otros dos optaron por aceptar cambios a otros planteles que, sinceramente, no les convienen en lo absoluto.

Son planteles que les quedan mucho más lejos y que son infinitamente más conflictivos. Pero no iba a permitir que se salieran con la suya y cayeran en blandito. Le dejé muy claro a las autoridades de nivel central que, si los ponían en un lugar mejor, si los premiaban por su incompetencia, me aseguraría de amparar a los estudiantes de esos planteles también. No iba a dejarlos en paz.

Ante esa situación y la posibilidad real de tener más pérdidas millonarias, las autoridades tomaron la ruta dolorosa. Los enviaron a un par de planteles en el Estado de México, que se encuentran en zonas muy conflictivas, con problemas graves de violencia, drogas y una carga de trabajo considerablemente mayor. Pasaron de ser los reyes de una escuela tranquila a ser burócratas de bajo nivel en medio de un infierno laboral.

Ahí están ahora. Sudando, lidiando con problemas reales, temiendo por su seguridad en los traslados y trabajando como mulas. Y lo mejor de todo es que, si se quieren pensionar, tendrán que aguantar esas condiciones por algunos años. No tienen salida. Es su condena.

Me siento muy satisfecho con todo esto y pienso dejar de trabajar gratis para los alumnos en el momento que sea un hecho que los tres se fueron de ahí definitivamente y estén sufriendo su castigo. Hasta que no vea la última firma de renuncia o traslado, seguiré imprimiendo amparos.

A veces, mientras tomo un café en mi despacho, miro hacia la ventana y reflexiono sobre las vueltas de la vida. Derecho no fue mi primera carrera, fue la segunda. Antes de las leyes, solo era un tipo con ilusiones de enseñar y cambiar el mundo desde un aula. Pero el mundo es cruel con los débiles, y esos tres me enseñaron a la mala que la justicia no existe a menos que sepas cómo obligar a la gente a cumplirla.

Sin duda, cada día que pasa estoy más seguro de que tomé la decisión correcta al cambiar mi rumbo profesional, y que lo único que hice mal fue no haber estudiado esta carrera antes. Porque no hay nada más peligroso en este país que un hombre con el corazón roto, el orgullo herido y un título de abogado bajo el brazo.